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La principal factura de lobby del primer semestre

La presión del sector cripto en favor de la Clarity Act, una norma que busca regular los mercados de activos digitales en Estados Unidos, alcanzó unos 8 millones de dólares en gasto directo durante los primeros seis meses de 2026. Según un análisis de CoinDesk sobre las declaraciones federales de lobby, ese esfuerzo todavía no logró su objetivo de sacar adelante la ley en el Senado.

En el mismo periodo, el gasto total de lobby del sector superó los 13 millones de dólares. De acuerdo con los registros, 8 millones de esa cifra se vincularon directamente a la regulación de la estructura del mercado, mientras que parte de los 5,4 millones restantes se imputó bajo conceptos más amplios como cripto, servicios financieros, impuestos, minería e iniciativas ante organismos reguladores.

Cómo se repartió el dinero y qué empresas lideraron

De ese gasto centrado en la Clarity Act, unos 2,4 millones de dólares fueron para firmas externas de lobby, y 2,1 millones de dólares para defensores internos que trabajan en asociaciones del sector. El resto se destinó a las labores de influencia realizadas por los propios equipos de las compañías cripto.

  • Coinbase destinó alrededor de 2,2 millones de dólares a labores de lobby, incluida la defensa de la ley.
  • Kraken registró un gasto de casi 1 millón de dólares en ese mismo marco.
  • En los temas cripto más amplios, fuera de la ley, a16z superó los 1,5 millones de dólares, Binance los 1,4 millones y Crypto.com los 1,2 millones.

Concentración en las consultoras externas

Los pagos del sector se repartieron entre al menos 42 firmas de lobby distintas. Uno de los mayores cobros en este frente fue para Checkmate Government Relations, con unos 1,8 millones de dólares, en su mayor parte procedentes de Binance; los ingresos vinculados a activos digitales de Sternhell Group en dos trimestres sumaron 660.000 dólares.

Entre las firmas externas directamente asociadas a la campaña de la Clarity Act figuran también Michael Best Strategies, Goldstein Policy Solutions y Phronesis DC. Según el informe, cada una de estas tres empresas recibió al menos 200.000 dólares en la primera mitad de 2026.

No salió la ley, pero la presión regulatoria continúa

Algunas de las personas que han seguido las negociaciones sostienen que las divisiones internas del sector dificultaron la creación de una posición común. Corey Frayer, exfuncionario de la SEC (Securities and Exchange Commission), también afirmó que no se logró suficiente unidad entre las empresas en cuestiones políticas clave.

Pese a ello, representantes del sector argumentan que la iniciativa no fue un fracaso total. El hecho de que el proyecto haya llegado más lejos que en años anteriores, la aparición de algunos puntos de consenso bipartidista y el traslado del foco hacia medidas regulatorias en la SEC y la CFTC apuntan a que la batalla en Washington seguirá incluso después del Congreso.

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