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El caso Cornell vuelve a presionar sobre la ley estatal

El caso Cornell ha devuelto a la agenda nacional la legislación sobre agresión sexual de Nueva York. El mes pasado, una mujer cuya identidad no ha sido revelada presentó una demanda contra la Universidad de Cornell, la fraternidad Chi Phi y siete de sus miembros, alegando que fue violada en grupo la noche del 19 de octubre de 2024.

La demanda ha intensificado el debate sobre la prevalencia de la violencia sexual en los campus universitarios de Estados Unidos y también ha vuelto a poner de manifiesto la brecha entre la imagen progresista de Nueva York en materia de derechos de las mujeres y las leyes que siguen vigentes. Los defensores de las víctimas sostienen que aún existen serios obstáculos legales para acceder a la justicia.

Tras el caso, el gobierno estatal en Albany también movió ficha. La Asamblea del Estado de Nueva York anunció el miércoles la creación de un grupo de trabajo para revisar las leyes sobre agresión sexual y preparar recomendaciones para el periodo legislativo de 2027.

La mayor polémica se centra en la norma sobre “intoxicación voluntaria”

Uno de los puntos más controvertidos del expediente es la regulación de la “intoxicación voluntaria” en Nueva York. Según la ley actual, el hecho de que una persona consuma alcohol o drogas por propia voluntad no basta para considerarla automáticamente “mentalmente incapacitada”, aunque durante la agresión estuviera demasiado afectada para dar su consentimiento.

Esta distinción puede dificultar que las fiscalías presenten cargos por delitos sexuales. La ley reconoce sobre todo los casos de intoxicación involuntaria, pérdida de consciencia o situaciones en las que la persona no puede defenderse físicamente.

En el caso Cornell, la mujer que presentó la denuncia afirmó que antes de los hechos fue obligada a beber alcohol y a consumir ketamina. La fiscalía del condado de Tompkins no formuló cargos inicialmente, aludiendo a esta disposición, pero el caso se reabrió tras la presión pública.

¿Qué cambios legales están sobre la mesa?

  • En junio, el Senado estatal aprobó por unanimidad un proyecto que permitiría presentar cargos por agresión sexual independientemente de si la intoxicación de la víctima fue voluntaria o involuntaria. La iniciativa aún no ha sido debatida en la Asamblea.
  • Otra propuesta, presentada por la senadora estatal Liz Krueger, busca extender a las demandas civiles la protección “rape-shield” que existe en los procesos penales. El objetivo es impedir que el historial sexual de la denunciante se convierta en objeto del juicio.
  • La propuesta denominada “Speak Your Truth Act” prevé protección legal para quienes denuncien públicamente una agresión sexual, acoso o discriminación, siempre que no exista mala fe.

Los defensores de las víctimas reclaman un cambio sistémico

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó el viernes que trabajará con los legisladores para cerrar esta laguna legal. El presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, también calificó las acusaciones procedentes de Cornell de “espantosas” y señaló que se estudiarán medidas para facilitar el acceso de las víctimas a la justicia.

Aun así, los defensores insisten en que el problema no se limita a un solo artículo de la ley. A su juicio, aunque cambiar la normativa es importante, sin un cambio de enfoque en los campus y en los procesos judiciales será difícil lograr avances duraderos en la lucha contra la violencia sexual.

La defensora de los derechos de las víctimas Bridie Farrell y la aspirante política Lindsey Boylan sostienen además que la forma en que se interroga en especial en las demandas civiles y el uso de querellas por difamación como represalia dificultan que las denunciantes hablen. El debate se ha convertido en Nueva York en una demanda más amplia de reformas tanto legales como sociales en los casos de agresión sexual.

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