La decisión entró en vigor de inmediato
La Corte Penal Internacional (CPI) dio por terminado, con efecto inmediato, el contrato que mantenía con la aseguradora francesa de salud y vida AXA. El tribunal informó de que, a partir de ahora, trabajará con otra compañía de seguros. La decisión se tomó en un momento en que crecían las preocupaciones por el impacto que podrían tener nuevas sanciones de Estados Unidos sobre la institución y sus proveedores.
Según adelantó por primera vez Financial Times, las conversaciones entre la CPI y AXA, con sede en París, se prolongaron durante meses. Sin embargo, las partes no lograron acordar una solución que sortease los riesgos legales y financieros que podrían derivarse de posibles medidas estadounidenses.
La preparación de sanciones en EE. UU. aceleró el proceso
Wall Street Journal informó a finales del mes pasado de que la Casa Blanca preparaba nuevas sanciones contra el tribunal. El medio señaló que el proceso se aceleró después de que la CPI emitiera una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.
La administración de Donald Trump ya había incluido en agosto en su lista de sanciones a más de una docena de jueces y fiscales, entre ellos el presidente de la CPI. La semana pasada, Trump arremetió con dureza contra el tribunal en la Asamblea General de las Naciones Unidas y llamó a los países a abandonar la CPI. Hasta ahora, solo el Estado insular del Pacífico de Nauru, antes llamado Naoero, ha atendido ese llamamiento.
- Washington sostiene que la CPI se extralimita al reclamar jurisdicción sobre ciudadanos de países que no han ratificado el Estatuto de Roma, como Estados Unidos e Israel.
- El tribunal advierte, por su parte, de que unas posibles sanciones podrían bloquear operaciones denominadas en dólares estadounidenses.
Aún no se ha anunciado el nuevo proveedor
Un portavoz de la CPI dijo a Reuters que la relación contractual con AXA se ha dado por terminada de mutuo acuerdo. Financial Times añadió que el tribunal recurrirá a un nuevo proveedor de seguro médico, aunque no se ha hecho público el nombre de la empresa.
Según el diario, las partes buscaron una salida sin recurrir a un mecanismo similar al blocking statute, una norma destinada a proteger a las empresas europeas frente a sanciones de terceros países. Aun así, la amenaza de sanciones siguió vigente y el contrato actual no pudo mantenerse.
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