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Dos decretos no lograron el apoyo necesario en el Congreso

Dos decretos preparados por el Gobierno en minoría para afrontar la crisis de la vivienda en España no obtuvieron la aprobación necesaria en el Congreso de los Diputados. El primer texto fue rechazado por 178 votos frente a 172, y el segundo por 184 frente a 166. El resultado volvió a poner de manifiesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cuenta con mayoría parlamentaria.

El Ejecutivo había elaborado estas medidas para proteger a los inquilinos ante la creciente indignación en todo el país. Sin embargo, para seguir en vigor, los textos con rango de decreto debían ser aprobados por el Parlamento. Durante la votación, cientos de manifestantes se concentraron frente al Congreso y se vivieron momentos de tensión tras anunciarse el resultado.

¿Qué incluían los paquetes?

  • Suspensión de los desahucios hasta 2030 para los inquilinos en situación vulnerable
  • Prórroga de dos años para los contratos de alquiler que vencieran antes de 2028
  • Subida de impuestos a los pisos turísticos y restricciones a la compra de vivienda por parte de algunos fondos de inversión
  • Renovación automática de los contratos de alquiler

El desalojo de una inquilina de 87 años desató las protestas

El episodio que se convirtió en símbolo de la crisis fue el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, de su vivienda en el centro de Madrid. Según se informó, Abascal no pudo asumir la fuerte subida del alquiler impuesta por Urbagestión, propietaria del piso. La semana pasada, cientos de personas salieron a la calle para protestar contra el desalojo, y el caso terminó convirtiéndose en un movimiento de alcance nacional en defensa de la vivienda de alquiler asequible.

Tras la presión social, Urbagestión mantuvo conversaciones para que Abascal pudiera volver a su casa con un alquiler reducido. Aun así, continuaron los campamentos y las marchas en plazas de Madrid y otras ciudades. El Sindicato de Inquilinas, que coordina las protestas, anunció que pondrá fin al campamento instalado en el centro de Madrid y trasladará la lucha a los barrios y a los edificios residenciales. Los activistas también llaman a una huelga general por la crisis de la vivienda.

El escenario político aumenta la presión sobre Sánchez

Antes de la votación ya se sabía que el conservador Partido Popular y el ultraderechista Vox votarían en contra de ambas iniciativas. Por eso, el Gobierno en minoría necesitaba el apoyo de partidos más pequeños de Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, Junts per Catalunya (JxCat), el partido independentista catalán de centroderecha, también anunció antes de la sesión que rechazaba los dos textos, con lo que las posibilidades de que salieran adelante quedaron prácticamente anuladas.

El resultado ha reforzado el debate sobre un posible adelanto electoral antes de las elecciones generales previstas para el próximo verano. Según fuentes citadas por la prensa española, el Gobierno evaluará este fin de semana el siguiente paso y si se disuelve o no el Parlamento. El Ejecutivo de Sánchez lleva tiempo bajo presión también por los escándalos y procesos judiciales que afectan al Partido Socialista y a sus aliados más cercanos.

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