Dos informes publicados sobre las denuncias de anticoncepción forzada en Groenlandia revelaron que se violaron los derechos de mujeres y niñas inuit en las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, el gobierno groenlandés declaró que, con las pruebas actuales, no se puede determinar jurídicamente si los hechos constituyen un genocidio.

La ministra de Justicia, Marianne Paviasen, afirmó el viernes que los informes difieren notablemente entre sí, por lo que resulta imposible para el ejecutivo llegar a una conclusión definitiva. Los documentos se hicieron públicos un año después de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidiera disculpas a las mujeres inuit y sus familias por la discriminación sistemática sufrida.

Según los archivos nacionales, entre 1966 y 1970 unos médicos daneses colocaron dispositivos intrauterinos (DIU) a cerca de 4.500 mujeres y niñas groenlandesas, algunas de solo 13 años, como parte de un programa de control de natalidad. En los últimos años, numerosas afectadas revelaron que el procedimiento se realizó sin su conocimiento ni consentimiento. Debido al alcance de la medida, el crecimiento demográfico de la isla se frenó drásticamente: la tasa de fecundidad pasó de 7 hijos por mujer en 1966 a 2,3 en 1974.

Dos de los cuatro miembros del panel de expertos abandonaron el grupo inicial y elaboraron un informe independiente. Los otros dos integrantes, la jurista afincada en Alaska Dalee Sambo Dorough y la profesora de Derecho de la Universidad de Copenhague Miriam Cullen, concluyeron que se violaron los derechos de las mujeres inuit. No obstante, señalaron que las prácticas anticonceptivas por sí solas no permiten calificar el caso como genocidio, aunque matizaron que otros hechos ajenos a su estudio, como la separación de niños inuit de sus familias para ser criados por familias danesas, podrían ser evaluados aparte por un tribunal.

El segundo informe, elaborado por Jonas Christoffersen, expresidente del Instituto Danés de Derechos Humanos, y Jensine Nedergaard, psicóloga con trayectoria en Groenlandia, admitió las injusticias cometidas, pero sostuvo que no fue posible determinar con precisión el alcance exacto del maltrato. El texto concluyó además que no existen pruebas de que las autoridades o el personal sanitario tuvieran la intención deliberada de destruir a la población groenlandesa.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, anunció la creación de una comisión de reconciliación. Por su parte, Dinamarca aprobó una ley que prevé una indemnización de 300.000 coronas danesas por cada víctima afectada. A pesar de ello, algunas víctimas criticaron la falta de representantes inuit groenlandeses en el panel de expertos, mientras que varias mujeres manifestaron que la inserción no consentida del DIU afectó de forma permanente sus vidas y su capacidad para tener hijos.

Groenlandia fue colonia danesa hasta 1953, cuando pasó a ser una provincia, y obtuvo el autogobierno en 1979. El gobierno de Copenhague mantuvo la supervisión del sistema sanitario de la isla hasta 1992.